Roberto Cortés Conde(Universidad San Andrés)
Publicado en LA NACION
Jueves 31 de diciembre de 2009
La celebración del Bicentenario ha dado lugar a un debate sobre los hechos de nuestro pasado. En los últimos tiempos, han aparecido opiniones críticas sobre los logros que se habrían alcanzado en el primer Centenario. Esta nota pretende llevar al lector una visión basada en la reconstrucción que ha hecho la historiografía económica de información estadística sobre datos más completos y confiables.
No fueron fáciles las primeras décadas de la vida independiente. Las esperanzas de los revolucionarios de que la ruptura con España y el fin del monopolio llevaran al progreso se vieron frustradas. La pérdida del Alto Perú tuvo efectos negativos. Todo el antiguo Norte, vinculado con la minería del Potosí, que había tenido un comercio muy activo y una red de ciudades importantes, como Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba, entró en decadencia, mientras que en el Litoral se desarrollaba una economía ganadera de exportación de cueros, cuyos beneficios no se extendieron al interior antiguo. Este quedó relegado y en la pobreza.
Los conflictos regionales produjeron interminables luchas, con pérdidas de riqueza y gastos militares que se restaron a la producción, todo lo cual se tradujo en un largo estancamiento. Un indicador de ello es que los ingresos fiscales entre los decenios 1810-19 y 1840-49, en pesos constantes, bajaron un 38 por ciento.
El Virreinato abarcó regiones extensas y heterogéneas, y fue viable mientras lo subsidió la plata del Potosí. Su tamaño en una economía pastoral con rudimentarios transportes fue un obstáculo para mantener unidas a las regiones. El gobierno de Buenos Aires no tuvo, con los ingresos de la Aduana, lo necesario para sostener fuerzas militares en las zonas más alejadas e imponer su autoridad sobre el vasto y despoblado territorio.
Para reemplazar la renta minera, el gobierno independiente fracasó en acordar con las provincias un nuevo régimen tributario con cargas y con beneficios que fueran aceptados. Como el sistema colonial no había creado instituciones representativas en las que los colonos votaran sus impuestos (como en el caso de las asambleas en las colonias norteamericanas), no existieron la práctica ni las instituciones para consensuar ese nuevo régimen y crear un Estado tributario que reemplazara al rentístico colonial. Más difícil, porque eran intereses distintos los del viejo Norte, los del Litoral y los de Buenos Aires.
Se había heredado una administración centralista y Buenos Aires, tras la Revolución, quiso continuarla, lo que despertó la resistencia del interior. Aquellas ciudades que, aunque pobres, tenían algunos recursos (las alcabalas), para no cederlos al gobierno central proclamaron su autonomía formal a partir de 1820. En la defensa de la percepción de las alcabalas, nació el federalismo argentino. A su vez, disputaron a Buenos Aires los únicos ingresos importantes: los de su Aduana, que, desde la disolución del gobierno central, en 1820, y salvo en la presidencia de Rivadavia, quedaron para esa provincia. Aun así, en tiempos de conflictos, fueron insuficientes, por lo que debió recurrirse al financiamiento inflacionario.
La escasez de recursos, resultado de la transición de una economía minera rica a una pastoral pobre, hizo imposible sostener una administración central. Fue muy difícil lograr consenso entre las regiones, lo que llevó a guerras que fueron el obstáculo mayor al crecimiento. Los caudillos fueron los que, dada la escasez de recursos, teniendo hombres y caballos, pudieron mantener una fuerza armada y ejercer, aunque en un ámbito limitado, su autoridad.
Cuando ya se desesperaba, debido al fracaso por lograr la unión nacional, hacia el fin de los años 40 del siglo XIX, fue claro para algunos, como Alberdi y Sarmiento, que una nueva tecnología de los transportes en el mundo (el ferrocarril y la drástica caída de los fletes marítimos) permitiría acercar la producción de las tierras argentinas a los mercados europeos y que la riqueza generada sería un incentivo para terminar con la pelea sobre los pobres recursos. Se requería estabilidad institucional y seguridad jurídica para atraer al país desierto hombres y capitales, y para ello se debía acordar con las provincias sobre la atribución de los poderes del Estado, cómo se lo financiaría y se distribuirían sus costos y sus beneficios.
El acuerdo, base del nuevo Estado tributario, se logró gracias a la influencia de Urquiza con los gobernadores, en San Nicolás, y fue plasmado en el artículo 4 de la Constitución. Pero fue Mitre, en 1862, quien entregó la Aduana de Buenos Aires al gobierno nacional, inaugurando un largo período de estabilidad y de crecimiento económico sobre la base de ese pacto fiscal, que perduró hasta 1930.
Se establecieron una Corte Suprema y una justicia federal para todo el país. Los impuestos basados en los derechos de importación no incidieron negativamente en los salarios, que fueron más altos que los europeos. Los de los obreros argentinos, en la década del 80 y en la primera del siglo XX, medidos en su respectivo poder adquisitivo, duplicaron a los de los italianos.
El progreso fue extraordinario. La población pasó de un millón de habitantes en 1850 a ocho millones en 1914. El área sembrada, de 500.000 a 24 millones de hectáreas. Las exportaciones subieron de 30 millones de pesos oro en 1870 a 389 millones en 1910. La red ferroviaria creció de 732 kilómetros en 1870 a 28.000 kilómetros en 1910, integrando los desiertos espacios argentinos. El crecimiento por habitante entre 1875 y 1913 fue de más del tres por ciento anual. Unos seis millones de extranjeros llegaron al país. Tres millones se volvieron, una gran parte porque el registro comprende a los golondrinas que venían para las cosechas, pero más de tres millones se quedaron.
Es cierto que no faltaron los problemas. Hubo en las primeras décadas del siglo XX tensiones políticas y protestas sociales que fueron fomentadas por un fuerte movimiento anarquista y se produjeron atentados a los que se respondió con el estado de sitio, pero lo mismo estaba ocurriendo en Europa, de donde provenían los inmigrantes con experiencia política y sindical.
Se han criticado las condiciones en que vivían los sectores más rezagados. Sin embargo, el historiador Eduardo Zimmermann cita informes oficiales que dicen que la tasa de mortalidad por mil habitantes había bajado del 22,98 en 1889-1898 a 16,5 en 1899-1907 y que la tasa de 15,2, de 1908 podía compararse favorablemente con las de Berlín (14,8), Londres (15,1) y Nueva York (18,6). Los salarios reales entre 1880 y 1913 aumentaron un 30%, aunque la distribución del ingreso no fue igualitaria, ya que el aumento del salario fue menor que el del producto por habitante.
Pero el crecimiento no se limitó a la economía. Lo más importante fue la revolución que se produjo en la educación. En 1869, el país tenía un 70% de analfabetos. En 1930, se habían reducido al 22 por ciento. La tasa de escolaridad primaria, que en 1870 era del 20%, en 1920 llegaba al 64 por ciento. (En Italia, para los mismos años, había pasado del 33 al 55 por ciento.)
Aun con el crecimiento notable del producto, el gasto en educación aumentó más: fue del 0,9% en 1882 al 2,3% en 1914. Lo más importante es que mientras el aumento de alumnos era mayor que el de la población, el presupuesto en educación crecía a una tasa más alta.
Miles de maestros de las escuelas normales fundadas por Sarmiento difundían las nociones básicas de lenguaje, aritmética y de la historia del país. Lo importante era que con el conocimiento se iba ganando libertad y dignidad.
A la altura del primer centenario, el país había cambiado. Era un país moderno. No mucho después llegaría la reforma electoral, la ley Sáenz Peña. La respuesta que dio el electorado al presidente que lo había instado a votar fue posible porque ya se trataba de una población mayormente alfabeta. Se estaba dando un proceso de movilidad que, salvo, en los Estados Unidos, había tenido pocos antecedentes en el mundo
Esa fue la Argentina moderna que heredamos.
En los siguientes cien años, el país atravesó por alternativas más complejas. La Primera Guerra Mundial había cambiado el esquema de comercio que le había sido tan favorable y en la posguerra surgieron movimientos antimodernos y autoritarios que echaron raíces en el país en las siguientes décadas.
La crisis de 1930 y el proteccionismo hicieron insuficiente un régimen impositivo basado en los derechos de importación. Las reformas posteriores no fueron exitosas, y el Estado, para sufragar gastos crecientes, apeló a recursos extratributarios (márgenes de cambio, inflación, desconocimiento de deudas), alegando razones de emergencia que se volvieron permanentes.
Lo usual fue que esas medidas no contaran con el consenso de los contribuyentes, que entendieron que los perjudicaban, por lo que reaccionaron disminuyendo la inversión, con fuga de capitales y usando menos la moneda local. Eso generó un conflicto de legitimidad que pesó negativamente en la inversión y afectó la estabilidad política y el crecimiento. Esto se reflejó en el retraso relativo del país respecto del mundo y en que desde la segunda mitad del siglo XX las fases de expansión no se sostuvieron, hasta hoy, por más de una década.
Pero todo esto requiere un análisis más detallado, por lo que lo será tema de otro artículo.
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